Reanudan consenso con amenaza de sanciones

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El gobierno y la oposición de Nicaragua reanudaron ayer el diálogo en medio de amenazas de “sanciones selectivas” aprobadas por el Parlamento Europeo contra funcionarios y allegados al presidente Daniel Ortega, señalados por graves violaciones a los derechos humanos.

La resolución, aprobada por 332 votos contra 25 y 39 abstenciones, pide al Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea y a los países miembros aplicar sanciones individuales, como prohibición de visas y congelamiento de activos, a “individuos responsables de abusos de los derechos humanos” en Nicaragua.

El Parlamento Europeo volvió a demandar a Ortega la liberación incondicional de los detenidos considerados presos políticos (unos 770, según la oposición), así como el fin de la represión y del hostigamiento a los adversarios del gobierno.

Los eurodiputados exigieron la restitución de la personalidad jurídica a una decena de organizaciones no gubernamentales proscritas en diciembre, entre éstas, ONG que trabajan en salud, desarrollo y derechos humanos.

Asimismo, solicitaron activar la “cláusula democrática” del Acuerdo de Asociación que une a Nicaragua con la UE, la cual condiciona sus nexos con terceros países al respeto de tratados internacionales y derechos humanos. De no hacerlo, se podrían suspender las relaciones comerciales y de cooperación entre el país y la UE, su tercer socio comercial.

Mientras tanto, en Managua se reanudaron las negociaciones. Si bien la oposición condicionó su regreso al diálogo a la “liberación total e inmediata” de todas las personas detenidas, una parte de ellos aceptó una propuesta de Ortega para excarcelar a un grupo a cambio de la reanudación de las conversaciones, lo que dividió a la bancada antigubernamental.

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